La Reforma Energética planteó detonar el potencial energético de México. Pero, dicen analistas energéticos, no se comenzó con la base: la infraestructura. A cuatro años de su implementación, en diciembre de 2013, el país sigue sin contar con los ductos y almacenamientos necesarios para la producción y transporte. La apertura a la inversión privada (nacional y extranjera) ha dejado hasta el momento licitaciones a 66 empresas petroleras, 28 compañías eléctricas y 26 nuevas marcas de gasolina han arribado.
Pero Petróleos Mexicanos, una petrolera en números rojos, sigue siendo el principal actor y proveedor. Todo eso se refleja en los precios a la alza de la luz, gas y combustibles; esos que el Gobierno federal se comprometió a reducir y que los especialistas consultados aún ven lejano.
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Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– La implementación de la Reforma Energética «avanza» en sus vertientes de hidrocarburos y electricidad mediante las 66 nuevas empresas petroleras, las 28 firmas eléctricas y la llegada de 26 nuevas marcas de gasolinas, ha destacado el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell. No obstante, la falta de infraestructura para producción y transporte, así como la dependencia de los ingresos públicos al impuesto cobrado a los combustibles sigue impidiendo que las grandes promesas del gobierno federal sobre menores precios en los energéticos se materialicen en los bolsillos de la ciudadanía e industrias, plantearon analistas energéticos.
Entre las metas establecidas para la reina de las reformas estructurales, la administración actual vislumbró –mediante una lluvia de inversiones de empresas privadas en producción y gasoductos– la disminución del precio de la tarifa de luz, del gas natural y con ello de los alimentos; fortalecer la capacidad productiva petrolera para reducir la creciente dependencia de energéticos importados. Todo eso, se dijo, se reflejaría en el bienestar de las familias mexicanas.
Pero los especialistas ven lejos que se concrete esa promesa. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se han seguido anunciando aumentos al costo de la electricidad y de los combustibles porque, explicaron, el país no cuenta con los ductos, refinerías y terminales de almacenamiento o reparto necesarios. La misma Secretaría de Energía tiene los datos: desde hace casi dos décadas no se han construido en México nuevas terminales de almacenamiento y las 89 que existen son insuficientes. En logística, el sistema para transportar petrolíferos es caro e ineficiente y la red de ductos, de 17 mil kilómetros, no ha crecido desde hace 17 años.
Además, el actor más importante, al encargarse de producir e importar las gasolinas y gas para abastecer a los nuevos jugadores, continúa siendo Petróleos Mexicanos (Pemex), una compañía estatal con números rojos.
Su producción de petróleo carga 13 años consecutivos con caídas y a septiembre de este año suma nueve meses en números rojos. El mes patrio la producción nacional de petróleo se ubicó en mil 73 millones de barriles diarios, su desplome más significativo en términos porcentuales en los últimos 20 años.
Luego del mega gasolinazo de principios de enero por el cobro de impuesto especial, el precio de las gasolinas en México ha subido 6.34 pesos en promedio durante los cinco años del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, esto es, un 56.50 por ciento hasta este viernes. De enero de 2013, el precio de la gasolina Magna ha subido 5.76 pesos al pasar de 10.92 pesos por litro a 16.68 pesos; el de la Premium ha aumentado 6.95 pesos al ubicarse de 11.48 pesos a 18.43 pesos; y el del diésel ha incrementado 6.29 pesos al cambiar de 11.28 pesos a 17.57 pesos.
Los reportes financieros de Pemex revelan que de 2013 a la fecha se han incrementado sus niveles de importación mientras los de producción han caído. Su titular José Antonio González Anaya ha reconocido que algunas refinerías están paradas.
Los números reflejan el paro y deterioro. En 2017 ha producido en promedio 281.7 miles de barriles diarios de gasolinas en comparación con los 437.3 miles de barriles diarios que sus seis refinerías generaban en 2013. En contraste, este año ha importado en promedio 542.7 miles de barriles diario frente a los 358.7 miles de barriles diario que traía en 2013 principalmente de Estados Unidos.
La demanda interna de automotrices se cubre con más del 50 por ciento de importaciones. «Esta tendencia no va a cambiar en los próximos años hasta que la Reforma Energética permita las condiciones para que haya mayor producción de petróleo y refinación. Es un proceso de largo plazo», dijo el analista energético Arturo Carranza.
México tiene alrededor de 12 mil gasolineras, de las cuales 2 mil 568 son de las nuevas marcas. Pero estas estaciones de servicio son la última parte de la cadena productiva. Carranza expuso que la expectativa es que durante 2018 todavía el precio de los combustibles se irá liberando de forma gradual y los consumidores aún no verán fluctuaciones de acuerdo con la oferta y la demanda. A partir del 30 de octubre, el 35 por ciento de las gasolineras contará con precios liberalizados. Fuera de Baja California y Sonora todavía hay precios máximos regulados –entre 17 y 18 pesos el litro– porque las nuevas marcas de estaciones gasolineras no quieren perder sus utilidades.
«Las nuevas franquicias que no pertenecen a Pemex no han hecho esfuerzos para reducir los precios de las gasolinas porque no quieren castigar sus utilidades. En el mercado de las gasolinas todavía falta mucho por desarrollarse; aún no existen los incentivos para hacer reducciones. Esto no va ocurrir hasta que no exista una infraestructura que permita importar combustibles de Estados Unidos a México y que permite transportarlo vía ductos a las estaciones de almacenamiento», dijo Carranza.
Por el momento, a cuatro años de lanzar la Reforma Energética, la única diferencia es que algunas estaciones de particulares, como la británica BP, le incorporan un aditivo a la gasolina que le vende Pemex.
«Hay dos áreas de oportunidad sobre las que se tiene que trabajar para la industria energética. Primero el desarrollo de la infraestructura –ductos, terminales de almacenamiento y reparto– para que se permita trabajar de manera óptima en la oferta y la demanda. La segunda se relaciona con el establecimiento de reglas claras que permitan abatir el monopolio de Pemex dando certidumbre a los nuevos competidores», declaró el analista.
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«NO PUEDES FORZAR AL MERCADO»
Sobre los precios del gas natural, que a su vez impactan en el de los alimentos, la especialista en el sector energético Miriam Grunstein recordó que ya están liberalizados al mercado y no van a la baja. Los distribuidores determinan el precio con base en el costo del servicio y lo que invierten en la compra a Pemex. La petrolera ha producido en 2017 un promedio de 3 mil 161 millones de pies cúbicos diarios, poco menos de los 3 mil 916 producidos durante 2013. También ha importado mil 806 millones de pies cúbicos diarios en comparación con los mil 289 millones de pies cúbicos diarios importados en 2013.
La construcción de redes de gasoducto, que reducirían el precio del producto final al facilitar su transporte, se está dando principalmente en el norte. Pero el analista Arturo Carranza explicó que algunos van atrasados o detenidos por la oposición de las comunidades indígenas ante la falta de una consulta previa, libre e informada sobre el uso de sus territorios comunales, conflictos que en ocasiones escalan a violación de derechos humanos por parte de las empresas en colusión con los gobiernos locales. El ducto que corre de Tuxpan a Hidalgo, ejemplificó, ha registrado oposición social que se pudiera resolver «con una regulación más clara».
Miriam Grunstein añadió que los principales gasoductos que están en construcción son de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con una tarifa regulada, que no necesariamente baja pues obedece a los costos del servicio.
«Lo que dijo el gobierno de que iban a bajar es irrisorio en la medida en que no puedes forzar al mercado», declaró.
Respecto a las tarifas de luz, la lógica del gobierno es que gracias a que más empresas podrán generar energía eléctrica los precios bajarán. Sin embargo, aunque las tarifas de uso doméstico cobradas a la mayoría de los hogares han estado estables y dependen de la zona del país, el incremento a las tarifas de uso industrial y comercial no han cesado. En el verano, las tarifas eléctricas para ambos sectores tuvieron un incremento de entre 26.5 a 40.44 por ciento, en comparación con julio de 2016. Esos aumentos se traspasan a los precios de los bienes.
Miriam Grunstein coincidió en que entre más condiciones de competencia se generen con las nuevas empresas petroleras, hay más posibilidades de bajar precios y tarifas. Pero eso, dijo, tarda.
NO REDUCCIÓN DE IEPS A GASOLINAS
La Cámara de Diputados, durante la aprobación de la Ley de Ingresos para 2018, rechazó las iniciativas para reducir en un 50 por ciento la tasa del impuesto cobrado a las gasolinas, dado que tendría un impacto en los ingresos públicos por 166 mil millones de pesos. El jueves por la noche el Senado le dio luz verde sin cambios.
Los ingresos públicos provienen más del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) que del impuesto a gasolinas. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) expuso en su análisis del Paquete Económico propuesto por Hacienda que entre los ingresos totales, el IEPS petrolero representa el 5.6 por ciento (266 mil 258 millones de pesos) frente al 33 por ciento del ISR (un billón 562 mil 198 millones de pesos) y el 18.5 por ciento del IVA (876 mil 936 millones de pesos).
La reciente aprobada Ley de Ingresos para 2018 contempla recursos por cinco billones 279 mil 667 millones de pesos, un incremento de 43 mil 291 millones de pesos respecto de la propuesta del Ejecutivo luego de ajustar el precio del petróleo de 46 a 48.5 dólares y el tipo de cambio de 18.1 a 18.4 pesos por dólar en línea con el reciente comportamiento del mercado, además de considerar una mayor recaudación por ingresos tributarios y no tributarios.
Destaca que se incorpora la obligación para que la SHCP reporte en sus informes trimestrales sobre los ingresos excedentes, que anteriormente aparecen como «otros».
Sin embargo, la mayoría de los diputados rechazó las iniciativas sobre la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que planteaban reducir los niveles de las cuotas a los combustibles automotrices en un 50 por ciento (al menos cuatro pesos por litro). Actualmente se cobra de la gasolina 2 pesos por IVA y 4 pesos por IEPS. La iniciativa tendría un impacto a la Ley de Ingresos de 166 mil millones de pesos, lo cual impediría financiar programas sociales, justificó el PRI.
La Diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, propuso que, dado que la Auditoría Superior de la Federación no ha podido comprobar el 54 por ciento del dinero excedente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ponga en su página de internet los ingresos excedentes bajo el rubro de datos abiertos, para que “los mexicanos sepan dónde están y cómo se van a gastar, y por qué no nos dimos la oportunidad de reducir el IEPS cuando México tiene mayores ingresos y este impuesto no hubiera sido un asunto”.
El Diputado Vidal Llerenas Morales se pronunció en contra del dictamen porque en la Ley de Ingresos “sí viene el gasolinazo», ya que está la recaudación del IEPS de gasolina y no va a bajar. Al también proclamarse en contra del dictamen, el Diputado Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, explicó que al inicio del sexenio cada familia en México pagaba un promedio de 11 mil pesos de impuestos, mientras que ahora paga un promedio de 22 mil pesos. Pero «eso no se ha traducido en mejor transporte público, infraestructura, becas, bienestar, ni en mejores escuelas y hospitales; pero ahora tenemos burocracia mejor pagada del mundo».
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